Será que no basta con la complejidad propia que acompaña a la creación de un hospital, fundamentalmente en su construcción, habilitación y puesta en marcha, que en Castilla y León han optado por añadir una tarea más, que antes estaba reservada a los detectives, pero que ahora es propia de los políticos: la investigación.
Leo en El Correo de Burgos un titular de apertura a cuatro columnas: “El modelo del HUBU liberó fondos para obras en nuevos hospitales”. La declaración es de César Antón, actual director general del Imserso en funciones, y que era el consejero de Sanidad de Castilla y León durante la licitación del Hospital Universitario de Burgos. Suena a explicación añadida, que es precisamente lo que le piden los grupos políticos de las Cortes. Y yo pienso en su perplejidad por tener que comparecer en una comisión de investigación sobre un hecho objetivamente positivo. Aunque, llegados a este punto, no cabe otra que defenderse.
A juicio de los críticos, Antón sería uno de los culpables del sobrecoste de la obra, no se sabe muy bien si por su ineptitud o por su pericia enfocada hacia el enriquecimiento de otros, y seguramente del suyo propio. El aún director general defiende su actuación, dice que no fue recurrida y enarbola además el aval del Consejo de Cuentas.
Otro de los señalados es el también exconsejero Álvarez Guisasola que, como Antón, no se parece en nada al retrato robot que bien pudiéramos hacer de un político corrupto, si es que pudiéramos, con tanta diversidad que hay en este cometido tan humano. El catedrático, que es presidente de la Comisión Nacional de Pediatría, defiende las modificaciones del proyecto y dice que fueron legítimas y pactadas.
Es más que probable que los testimonios de los dos exconsejeros no vayan a servir mucho para convencer a los más escépticos. Porque, lo que parece estar en juego en torno al sobrecoste del HUBU es más un asunto político que la posibilidad de determinar si las cosas se hicieron mejor o peor. Es el modelo concesional de la obra, que a juicio de sus defensores fue lo que permitió construir el hospital, lo que afiló el cuchillo de los críticos y llevó el asunto hasta las mismísimas Cortes regionales, con comparecencia incluida del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
Es más que probable que, en otras circunstancias económicas, los responsables sanitarios de Castilla y León hubieran optado por la manera tradicional de construir un hospital. No hay más que recordar la insistente apuesta por lo público de un servicio de salud que lleva tiempo inmemorial dirigido por el PP. Sin embargo, la única –y pequeña- excepción que ha habido a la supremacía de lo público es un argumento formidable para desgastar al actual Ejecutivo y, de paso, poner en solfa la honorabilidad de antiguos altos cargos.
Obviamente, habrá que estar atentos y esperar a las conclusiones de la Comisión de Investigación. Pero es muy posible que a César Antón y Álvarez Guisasola se les hayan quitado las ganas de por vida de acudir a otras formas de gestionar la construcción de un hospital, si la que es habitual y que al parecer no hubiera generado ninguna duda, aunque se hubiera ejecutado mal, no es posible llevarla a cabo. Burgos entonces no tendría el hospital que hoy disfruta pero eso, ahora mismo, parece lo de menos.
