No todo son parabienes y satisfacciones en la imponente estrategia contra la hepatitis C, que está permitiendo reconducir hacia la curación el pavoroso alcance de una enfermedad silenciosa que no había manera de combatir no hace tanto tiempo. La inversión realizada para disponer de los tratamientos está siendo muy notable y no parece del todo claro quién debe asumir la factura.
Castellón al Día titula a cuatro columnas, pero a duras penas se le entiende: “Sanidad excluye al Provincial de fármacos contra hepatitis C”. El subtítulo es mucho más certero: “La Generalitat obliga a los consorcios hospitalarios de Castellón y Valencia a sufragar los tratamientos”. En la información se detalla que mientras que en el resto de los hospitales de la red pública de la Comunidad Valenciana los tratamientos se están sufragando con los fondos habilitados por el Ministerio de Sanidad, los centros mencionados deben pagarlos de su bolsillo por su particular fórmula de gestión.
En efecto, la personalidad jurídica propia de estos dos hospitales, en su condición de consorcios en los que confluyen varias titularidades, es la razón que esgrimen desde la Consejería valenciana para que, como cualquier otro fármaco de dispensación hospitalaria, los tratamientos contra la hepatitis C los tenga que pagar el propio centro. Ocurre que el PP eximió de esta obligación a los consorcios, quizá por su natural sintonía con estas nuevas fórmulas de gestión, todo lo contrario que ocurre ahora con los nuevos responsables de la Sanidad valenciana.
En cualquier caso, los tratamientos siguen garantizados porque aunque los dos consorcios no pudieran hacer frente al gasto por este concepto, sería la propia Generalitat la que ajustaría su financiación.
Hay más dudas sobre quién tiene que pagar la factura y, lo que es más importante, si se va a seguir pagando. El presidente de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C de Madrid, Adolfo García Ortega, ha escrito una carta a la presidenta Cifuentes que publica Acta Sanitaria, en la que afea su interpretación de ligar el gasto en fármacos al desvío registrado por las cuentas públicas, asumiendo con ello las tesis del ministro de Hacienda.
Curiosamente, Adolfo García Ortega elogia la respuesta asistencial de la Comunidad de Madrid con los enfermos de hepatitis C hasta el momento, y da detalles de una implicación política muy intensa. Sin embargo, su preocupación es saber si esto se mantendrá en el tiempo. Porque el problema de la hepatitis C, aunque encarrilado, no está ni mucho menos solucionado: de entre los 400.000 y los 800.000 enfermos que puede haber en toda España, sólo se ha atendido a 53.000.
¿Seguirá aportando dinero adicional el Ministerio de Sanidad? ¿O dejará la cobertura en manos de las comunidades autónomas, como corresponde a una prestación de asistencia sanitaria? ¿Y qué harán entonces estas? ¿Financiar todo tratamiento que aparezca, según vayan diagnosticando a esos posibles 800.000 enfermos?
En definitiva, ¿habrá fondos suficientes para que el Sistema Nacional de Salud siga respondiendo de manera ejemplar al desafío de erradicar una enfermedad que parecía invencible? Ojalá que la respuesta fuera un alegre e inmediato sí. Pero, a continuación, será inevitable afrontar una tarea incómoda: quién asume la factura y a costa de qué.
