Hasta la polémica troncalidad, que lleva años generando no pocas controversias que han terminado llegando hasta el mismísimo Tribunal Supremo, sirve para comprobar, una vez más, la dificultad que entraña gestionar un sistema sanitario como el español. Así lo ha venido a reconocer el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Carlos Moreno, que se diría más preocupado de las profesiones que de la gestión. Sin embargo, todo es, al final, gestión, y la referida a recursos humanos es especialmente delicada.
“Envidio mucho al sistema británico porque cuando allí el Royal Medical o el British Medical determinan cuál es el programa de una especialidad, ese es el programa y punto, guste o no. Ojo, no critico nuestro modelo: es un sistema bueno y garantista, pero muy muy complicado de gestionar”. La reflexión aparece casi al final de una larga entrevista con Fran Goiri, de Diario Médico, pero sin duda esconde una opinión muy clara que, por mucho que diga lo contrario, es crítica con la situación actual. Que, en su caso, viene a resumirse en que el Ministerio de Sanidad, por mucho Ministerio y autoridad sanitaria principal que sea, no puede hacer lo que le plazca en la ordenación de las especialidades médicas y en determinar si las urgencias tienen que quedarse solo en un área de capacitación específica. Parece que Moreno es partidario de lo último, pero esto no es Gran Bretaña y aquí en España “cuando alguien no asume la decisión que se ha adoptado, al menos en el sector sanitario, los debates no se agotan”.
Este argumento no es nuevo, pero es importante leerlo otra vez, aunque sea entre las líneas de las declaraciones de todo un director general del Ministerio. Remite directamente al reparto competencial entre Estado y autonomías, en concreto en materia sanitaria, que tanto debate y controversia ha generado y seguirá haciéndolo mientras no haya una respuesta única frente al problema de la cohesión, o sería mejor decir de la falta de cohesión del sistema. Y Moreno, que textualmente asume la incapacidad del Ministerio para imponer sus tesis, al recordar el ejemplo inglés, más directo y jerárquico, está poniendo en duda ese reparto competencial, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino también desde el profesional. ¿Es tan importante la opinión de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) como para detener el criterio de un Ministerio y mantener en debate un tema durante más de diez años? La respuesta es sí, pero Moreno parece no compartirla.
El Sistema Nacional de Salud es así, para lo malo y también para lo bueno. Moreno no se olvida de lo segundo y se lo recuerda a los navegantes del futuro de las urgencias: “Esa responsabilidad no la van a soportar estos hombros, ni los del secretario general de Sanidad ni los de la ministra; la va a asumir la Comisión de Recursos Humanos, que es el órgano al que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias faculta para debatir sobre la formación especializada. Si Urgencias e Infecciosas terminan siendo especialidades, será porque lo decide Recursos Humanos”. No el Ministerio ni, claro está, Carlos Moreno, que no quiere asumir una posible decisión que es evidente que no comparte.
El reparto competencial en la sanidad posibilita situaciones extrañas en las que el futuro de las especialidades médicas en todo el país depende no solo de la voluntad del máximo órgano ejecutivo del Estado en la materia (el Ministerio) sino de la muy importante opinión de las comunidades autónomas que son las que, al fin y al cabo, terminarán contratando a esos futuros especialistas. Y si me apuran, también de las propias sociedades científicas que no ejecutan ni legislan pero que presionan y avivan debates como pocos agentes. Y si no, que se lo digan a la Semes. No, definitivamente los hombros de Carlos Moreno no están para soportar en solitario casi ninguna decisión sanitaria de importancia. Ni siquiera las que defiende.
