El nombramiento de Dolors Montserrat como nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha venido acompañado, como suele ocurrir, de una cascada de reacciones de los más diversos agentes del sector que aprovechan cualquier altavoz o micrófono a mano para plantear de inmediato su más importante reivindicación. Así, en los primeros días de su mandato, el nuevo ministro de turno se enfrenta a una actualización de los temas pendientes, caigan o no en el ámbito de su responsabilidad y, lo que es más importante, de su competencia. Pero eso de ser ministro sigue importando lo suyo y apelar a su influencia parece obligación en la agenda institucional de cualquier organización que se precie.
Pero al margen de la parafernalia habitual, toma de posesión multitudinaria incluida, cabe preguntarse sobre el poder real que la ministra Montserrat va a tener en el Sistema Nacional de Salud. Sobre todo, en aquellos temas que los diferentes representantes del sector ya se han encargado de ponerle inmediatamente encima de su mesa, con el afán algo maleducado que acompaña al dicho tan español de “qué hay de lo mío”. Se diría que la ministra no puede si acaso trazar sus propias prioridades, porque ya se encargan de fijarlas los líderes de opinión que llevan años en el sector.
Por ejemplo, la financiación sanitaria, convertido en un clásico de nuestros días. Montserrat va a recibir, por varios frentes, la petición expresa de que el Gobierno al que pertenece dedique más dinero a la sanidad, transfiriendo más fondos a las comunidades autónomas, que son las encargadas de prestar la asistencia sanitaria. Y, francamente, no creo que ella esté en disposición de tocar el porcentaje de PIB que España dedica a Sanidad ni siquiera de posibilitarlo. Más bien, podrá trasladar el clamor y la insatisfacción de un sector que ha acusado notablemente la crisis y que se considera históricamente maltratado por las grandes decisiones políticas (y por extensión, económicas).
Pero la decisión escapa seguramente a su capacidad y parece un asunto más propio del ministro Montoro (Hacienda), del presidente Rajoy (que preside igualmente la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos) o incluso (y muy probablemente) de la Unión Europea.
¿Qué decir de la temporalidad en el empleo de los profesionales sanitarios o de la gestión clínica? ¿Qué puede hacer la ministra con la planificación de los recursos humanos de los servicios públicos de salud o con la organización de los servicios hospitalarios? Mucho me temo que nada, por mucho que algunos se empeñen en lo contrario. El escenario competencial es el que es y el Ministerio, en materias que son responsabilidad autonómica, podrá aconsejar, orientar y hasta opinar, pero nunca decidir.
Ahora bien, lo que la nueva ministra Montserrat sí puede hacer es liderar el Sistema Nacional de Salud, lo cual, dicho sea de paso, no es tarea fácil ni está al alcance de un cualquiera. El sector lleva años suspirando por un ministro o ministra que, al margen de sus competencias, sepa interpretar las muy diversas sensibilidades en juego e ir dando cuerda a las reivindicaciones más legendarias y, por lo tanto, más enquistadas como cuentas pendientes.
Ese liderazgo bien podría ser el mejor estímulo para un óptimo funcionamiento del Consejo Interterritorial, llamado desde hace años a jugar un papel mucho más determinante en la configuración de nuestra sanidad, pero atrapado desde siempre en el juego político de mayorías aplastantes, minorías tozudas y diálogos de sordos que no aportan nada.
Juzguemos pues a la nueva ministra Montserrat por estas y otras cosas que sí podrá hacer, en función de su habilidad política, y no por esas otras que están fuera de su alcance, por mucho que desde no pocos frentes traten, desde el principio, de convencerla de lo contrario.
