La sanidad privada no se cansa de esperar la llegada de un cambio profundo en la mentalidad social y política de España para que sus servicios y recursos puedan ser utilizados con normalidad y asiduidad. El talante del sector es ciertamente conciliador, como ha vuelto a poner de manifiesto su nuevo presidente, Luis Mayero, hombre de inequívoca expresión paciente al frente del IDIS. Eso sí, su deseo es el de siempre: darle la vuelta a la tortilla para que concesiones, mutualidades y desgravaciones fiscales aparezcan con naturalidad por todos los lados del Sistema Nacional de Salud. Pero ya se sabe que darle la vuelta a la tortilla no es tarea fácil, aunque lo parezca.
En una entrevista con Diario Médico, Mayero ha recurrido a la tortilla (de patatas, se entiende) para lanzar su pronóstico sobre el futuro del modelo de concesiones administrativas, que es tanto como decir si nos fiamos de la sanidad privada para que cubra la asistencia pública de determinadas áreas sanitarias, solo unas pocas. A su juicio, es un modelo que funciona y que lleva aplicándose 20 años, pero la realidad es que la Comunidad Valenciana, cuna de su aplicación y posterior desarrollo, desconfía de su idoneidad y está dispuesta a recuperar esas concesiones para la prestación directa del servicio público. Ante este desafío, Mayero se refugia en la cocina: “Confiemos en que acabe dándose la vuelta a la tortilla”.
Creo que esperar a que la tortilla de las concesiones dé la vuelta, y tome la forma esperada por la sanidad privada, es renunciar a la primera obligación de los que han hecho posible este modelo de gestión: demostrar con datos la bondad del modelo y convencer a las autoridades sanitarias, no solamente a las valencianas, de que es posible seguir recurriendo a él para prestar la atención sanitaria de una parte de la población.
Pareciera como si Mayero, al pensar en la vuelta de la tortilla, estuviera más pendiente de que la situación socio-política de la Comunidad Valenciana cambie, quizá con unas elecciones autonómicas y con un cambio en el color del Consell, y entonces un nuevo partido, seguramente el PP, sea más proclive a recuperar las concesiones que él mismo activó en su día. Desde luego, puede que sea el modo más directo para recuperar el pulso de un modelo que hoy parece moribundo, y no precisamente por el descrédito social que le pudiera rodear, sino por una sistemática desautorización política, que no técnica, y por la inhibición de un sector que no defiende sus valores y propuestas con la contundencia que debería precisar una situación como esta. Pero la vuelta a la tortilla -si llega, lo cual está por ver- no permitirá acabar con esa constante desconfianza hacia la sanidad privada, que se apoya más en prejuicios ideológicos que en un análisis concienzudo de las razones que, como país, tenemos para insistir en la necesidad de la colaboración con el sistema público. Y curiosamente Mayero los cita casi todos en la citada entrevista, aunque no parecen servir, por sí solos, para revertir una situación más que preocupante.
Cuanto mejor hilvanado parece el discurso público del sector privado, peores son sus perspectivas de futuro, no solamente en lo referido a las concesiones administrativas, sino en el modelo mutualista o en las desgravaciones fiscales para contratar seguros de salud. Y aquí la falta de respuesta o sintonía en la parte pública no se puede atribuir en exclusiva a la Comunidad Valenciana; el Gobierno central tampoco está siendo especialmente receptivo a propuestas en las que debería tener mucho que decir.
Apañados vamos si la sanidad privada fía todo su enorme potencial para ayudar en la mejora del SNS a que la situación política de esta o aquella autonomía cambie. Sería el reconocimiento implícito de que sus argumentos no son tan poderosos como algunos, quizá ilusamente, hemos podido llegar a creer.
