Otro de los grandes logros que obtuvo el ministro Julián García Vargas en sus cinco años al frente del Ministerio de Sanidad fue la aprobación de la Ley del Medicamento, “una necesidad universalmente sentida” que no fue posible atender en España hasta 1990, pese a las insistentes llamadas al orden de la OMS en este sentido. También los países europeos de nuestro entorno nos llevaban no poca ventaja, pues desde la década de los sesenta venían trabajando en una intensa regulación sobre los fármacos y, sobre todo, en su efecto sobre pacientes y ciudadanos.
Esas primeras leyes europeas exigían seguridad, pero no demostración de eficacia. Hasta que apareció la talidomida y las graves malformaciones que provocó en bebés de madres que habían tomado este fármaco, lo que cambió la situación por completo, según recuerda el legislador: las leyes que se aprobaron a partir de entonces recogieron una exigencia mayor, tanto en seguridad como en eficacia de los medicamentos. España tuvo en 1990 que atender escrupulosamente estos principios sin olvidar otro que se estaba abriendo camino por entonces: el uso racional.
“Los medicamentos han conseguido en los últimos ochenta años éxitos memorables en la prevención y lucha contra el dolor y la enfermedad. Flagelos que desde antiguo afligían a la Humanidad como la viruela han sido borrados de la faz de la Tierra(…). En realidad, una gran parte de los procedimientos médicos o quirúrgicos incluyen un tratamiento medicamentoso. Los beneficios de los medicamentos no solo se expresan en términos de vidas salvadas y sufrimientos evitados, sino también en términos de tiempo de enfermedad y hospitalización acortado, así como en ahorros económicos muy importantes por la función sustitutiva que cumplen en relación con terapias precedentes menos eficaces”. Es imposible no pensar en la pandemia que seguimos afrontando todavía al leer estas líneas de la Ley, tan rabiosamente actuales en 1990 como ahora. Sin medicamentos, el SARS CoV-2 hubiera vencido sin discusión.
La norma también hace alusiones expresas al papel de las nuevas tecnologías de entonces, al desarrollo científico y tecnológico y al necesario marco legal estable que la industria farmacéutica precisaba como el comer para su proyección social y económica. No en vano, ya por entonces, el mercado español de medicamentos era el octavo del mundo y contribuía poderosamente al incremento de la riqueza nacional.
Con diez títulos y 119 artículos y varias disposiciones transitorias, derogatorias y hasta finales, la ley se resume en una frase certera: “El objetivo primordial es contribuir a la existencia de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, correctamente identificados y con información apropiada”.
La Ley del Medicamento de 1990 fue derogada por la de Garantías y Uso Racional, aprobada en 2006. Para entonces, la prestación farmacéutica se había convertido ya en un puntal imprescindible en la configuración y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
