Creado como servicio de salud en 1983, con el legendario Iñaki Azkuna como su primer director, no es hasta 1987 cuando Osakidetza comienza a funcionar con todos los honores y toda la capacidad asistencial de los centros sanitarios ubicados en el País Vasco. Es la tercera transferencia de funciones y servicios que el Estado realiza desde el Insalud, tras las experiencias de Cataluña (1981) y Andalucía (1984). El Sistema Nacional de Salud, muy poco a poco, prosigue su configuración descentralizada.
Osakidetza nace como el instrumento jurídico que permite la unificación funcional de todos los servicios sanitarios del País Vasco. Hasta en el origen semántico de su denominación, refleja ideas de salud y solidaridad y aspira obtener la máxima eficacia y rentabilidad social en su actividad mediante políticas integradas (salud pública y asistencia sanitaria, atención primaria y especializada).
En el anuncio del traspaso, el ministro García Vargas apuntó la necesidad de estudiar todo el proceso “para evitar que existan tantas organizaciones como regiones autonómicas”. Con esta declaración, parecía de un lado contradecir el espíritu de la Ley General de Sanidad, que habla claramente de un SNS como suma de los servicios de salud que irán desarrollando cada una de las comunidades autónomas. Pero, de otro, anticipaba la dificultad de completar la transferencia en poco tiempo.
En el País Vasco hay por entonces un gobierno de coalición entre el PNV y el PSE que preside el nacionalista José Antonio Ardanza pero que deja la sanidad en manos del socialista José Manuel Freire, hoy portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid: “Pusimos anuncios por todas partes. Tocaba vender el nuevo servicio de salud, en el que ya trabajaban 4.000 profesionales”, recuerda, en una entrevista con El Diario Vasco.
Tras País Vasco, y en ese mismo año, culmina también su transferencia la Comunidad Valenciana. Por entonces, el presupuesto que recibe la Generalitat presidida por el socialista Joan Lerma es casi la mitad del que dispone. Ronda los 230.000 millones de las antiguas pesetas y se completa con 23.000 profesionales que se convierten en personal autonómico, incluidos 6.000 médicos, bajo la dirección del consejero Joaquín Colomer.
Aquí también se crea el llamado Servicio Valenciano de Salud, posteriormente reconvertido en Agencia Valenciana de Salud y finalmente extinguido como entidad autónoma, para hacer depender sus recursos humanos y económicos de la Conselleria de Sanitat. El propósito legislador es entonces el ya conocido: constituir un sistema único y armonizador de los recursos y dispositivos sanitarios públicos que existían en la Comunidad Valenciana y que se orientan desde entonces a cumplir con el derecho constitucional de protección de la salud.
Cuando comienza 1988, cuatro autonomías gestionan ya su propia sanidad. Todas no lo harán del todo hasta algunos años después, ya metidos en el siglo XXI.
