SANIDAD UNIVERSAL E INCONSTITUCIONAL

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Antes universal que constitucional: la sanidad del presidente valenciano, Ximo Puig. (eldiario.es)

La sanidad universal de la Comunidad Valenciana, tan particular en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) por su terminología, ha añadido una nueva razón para ser completamente diferente del resto de servicios autonómicos: su inconstitucionalidad. Hace tiempo, esta circunstancia supondría poco menos que el final de la atrevida propuesta política de la Generalitat valenciana, pero ahora la experiencia catalana nos está mostrando que todo es posible en la interpretación política de leyes y sentencias: en efecto, la sanidad valenciana seguirá siendo universal, según ha prometido el presidente Ximo Puig. Pese a su inconstitucionalidad.

De poco ha valido el recurso del Gobierno central y la decisión del Tribunal Constitucional sobre el Decreto Ley 3/2015 de la Generalitat Valenciana, una de las primeras normas con notable contenido político de la nueva Administración valenciana surgida tras el acuerdo del Botánico entre el PSOE, Compromís y Podemos, que regulaba el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, contra lo dispuesto en el Real Decreto-ley 16/2012 aprobado por el Gobierno central del PP. “Lo digo con total claridad, cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comunidad Valenciana, sin importar su origen o situación, va a ser atendida”, ha subrayado el presidente Puig ante representantes de organizaciones sociales valencianas partidarias de mantener la sanidad universal.

El Constitucional entiende que el mencionado Decreto Ley 3/2015 extiende el acceso a las prestaciones sanitarias a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España y con residencia efectiva en la Comunidad Valenciana, que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del SNS y que no puedan exportar el derecho a cobertura sanitaria desde sus países de origen, ni exista un tercero obligado a pago. “De este modo, de forma expresa, lo que lleva a efecto esta norma es una ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal”, concluye.

Pese a esta argumentación jurídica, la Comunidad Valenciana sigue cargada de razones sanitarias y, sobre todo, políticas. Las primeras apuntan al problema de salud pública que se puede generar al dejar sin cobertura sanitaria a miles de personas. Las segundas mantienen su vigencia pues el gran obstáculo que impide un pacto de Estado en sanidad entre PP y PSOE es precisamente el Real Decreto-ley 16/2012, “el principio de todo el problema”, según la consellera Carmen Montón. Manteniendo su sanidad universal, el Gobierno valenciano no solo satisface a su electorado sino que distingue su propuesta sanitaria de la del PP y, por lo tanto, acumula méritos para obtener una victoria más holgada en las próximas elecciones autonómicas.

Pero ni el fallo del Constitucional ni la decisión del Gobierno valenciano resuelven el fondo de la cuestión: qué cobertura sanitaria debe estar vigente en el conjunto del SNS, y no solo en una parte, y si ésta tiene, o no, que tener algún límite. Durante años, esta pregunta no ha tenido una respuesta unánime ni indiscutible. La sanidad española ha venido siendo en efecto universal y gratuita, sin casi ningún criterio ni control. El PP intentó poner orden en el momento más inoportuno, en mitad de la gran crisis y con una propuesta que no terminó convenciendo a casi nadie. Pero la mejor respuesta política a esto no parece que sea el ignorar pronunciamiento judiciales y adoptar medidas unilaterales que no se dan en el resto del sistema al que, se quiera o no, se pertenece.

O a lo mejor sí.

 

 

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