Con el final de la concesión administrativa para la gestión privada del Hospital de Alcira, en la Comunidad Valenciana, concluye el primer ejemplo de un modelo asistencial inédito en el Sistema Nacional de Salud. Entre partidarios y detractores de la trascendental medida, se abre una incógnita difícil de resolver: ¿servirá esta reversión para cancelar las demás experiencias aún vigentes o puede ser el punto de inflexión necesario para revitalizar el modelo?
De momento, lo único cierto es que hoy el Departamento de Salud de La Ribera, con su hospital y su atención primaria, vuelve a la gestión pública, después de poco más de 20 años de administración privada, de la mano de la empresa Ribera Salud, que dice entregar el testigo “con excelentes indicadores asistenciales, de calidad y de promoción de la salud”. La Generalitat valenciana toma el relevo prometiendo inversiones millonarias para mejorar infraestructuras y equipos.
También es evidente la escasa sintonía cuando no el claro desencuentro que ha presidido la relación entre la Conselleria de Sanitat y Ribera Salud. Sus máximos responsables, Carmen Montón y Alberto de Rosa, han mantenido notables discrepancias durante estos últimos meses, algunas de las cuales han terminado lógicamente en los tribunales. Ahora, la diferencia última puede que sea la más complicada de resolver: la económica. Consiste en una dispar valoración de las liquidaciones por los pacientes de La Ribera atendidos en otros hospitales públicos. Hasta el presidente valenciano, Ximo Puig, ha tenido que terciar para intentar que el traspaso de Alcira sea lo más pacífico posible.
Montón insiste en el carácter político de la decisión: “El modelo de concesiones, hasta la llegada de este Gobierno, no estaba controlado, no estaba auditado, no había las exigencias financieras, económicas y de calidad asistencial que hay y nosotros dejamos claro que íbamos a controlar el dinero público”, ha explicado a Valenciaplaza, para a continuación añadir todas las características asistenciales que le faltan al departamento y que, a partir de ahora, bajo gestión pública, y con dinero público, va a disponer.
Ribera Salud defiende su legado: demora quirúrgica media de 1,4 meses menos que la media del resto de hospitales públicos de la Comunidad Valenciana; quince días menos de espera en consultas de especialistas, y un largo etcétera con mejores datos en hospitalización, actividad quirúrgica, urgencias y atención primaria. “Todos estos datos y otros evidencian que la decisión de no prorrogar a Ribera Salud el contrato de concesión administrativa ha sido tomada por la Conselleria de Sanitat sin tener en cuenta ningún criterio técnico y solo fundamentada en el sectarismo”, ha afirmado Javier Palau, el gerente sustituido desde hoy por Isabel González, hasta ahora directora general de Alta Inspección Sanitaria.
Sin salir de la Comunidad Valenciana, hay otros cuatro departamentos de salud que seguirán gestionados por concesiones administrativas –Vinalopó y Torrevieja, por Ribera Salud; Manises, por Sanitas, y Dénia, a través de una UTE en la que participan DKV y la propia Ribera-. En otras autonomías también persiste el modelo. Y también en Europa. Si la reversión hacia lo público no fuera tan exitosa como espera la Generalitat valenciana, podría convertirse en un argumento revitalizador para un modelo que, pese a las apariencias, no divisa todavía su final inmediato.
