¿Qué hace la sanidad privada proponiendo un plan de choque contra las listas de espera del sistema público? ¿No parecería más lógico, para preservar sus (legítimos) intereses, el mantenimiento de cierto margen de demora que terminara por convencer al ciudadano de que lo mejor es disponer de un seguro de salud? ¿A qué viene pedir una inversión pública, echar los números y hasta calcular el retorno de lo gastado como si la autoridad sanitaria no fuera capaz de concebir planes de este tipo?
Las preguntas parecen sobrarle a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la entrañable Fadsp, que opta, cómo no, por la crítica directa. ¿Cómo es posible alertar sobre, si se produjera, un aumento de la inversión sanitaria? ¿Pero no es lo que persigue insistentemente una organización que dice defender la sanidad pública? ¿Por qué esa inversión iba a tener que lastrar los presupuestos actuales, como tendenciosamente interpreta la Federación? Y eso de que los planes de choque contra las listas de espera son esencialmente malos… ¿es en cualquier circunstancia o solo cuando los propone la privada?
Para terminar de dibujar este mundo al revés, aparece la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para recordar que las listas de espera son más bien un problema autonómico, de los servicios de salud y que poco puede hacer la Administración General del Estado. O sea que en uno de los problemas sanitarios más identificables para la población, el Gobierno central no puede hacer mucho más que recurrir a lemas genéricos de buenas voluntades y desmentir (otra vez) que no va a privatizar el sistema. Escaso bagaje para quien está, lo admita o no, al frente del Sistema Nacional de Salud.
Un mundo (sanitario) más probable nos presentaría a una sanidad privada, liderada por el IDIS y la ASPE, silenciosamente contenta de comprobar cómo el deterioro progresivo de la accesibilidad al sistema público en tiempo y en forma es un factor importante en el crecimiento sostenido de sus ingresos por primas; a una Fadsp enérgica en la reivindicación de un plan de choque para acabar con las esperas diagnósticas, quirúrgicas y cualquier otra que sea posible detectar en el sistema, y, en fin, a un Ministerio preocupado por el incremento de las listas, no importa la autonomía que las registre, favorecedor de la equidad entre territorios y comprometido con la búsqueda de la financiación necesaria para acometer una tarea en la que, de ninguna manera, debería dejar solos a los servicios de salud.
Pero así es el Sistema Nacional de Salud que hemos diseñado entre todos: paradójico y un poco inexplicable. Aunque llegado el caso, los argumentos no falten: así, la sanidad privada se preocupa de las esperas públicas porque, en realidad, se siente parte inherente del SNS y sabe que su contribución para que el sistema funcione mejor puede ser aún más determinante; la Fadsp critica el plan de choque porque teme que los recursos disponibles para acometerlo no se incrementen, simplemente se repartan y provengan de otras partidas que ya de por sí están bastante ajustadas tras los duros años de crisis, y el Ministerio, ay el Ministerio, se ciñe escrupulosa y estrictamente al reparto competencial para reconocer la autoridad autonómica y, a la vez, inhibirse de facto en un problema cuyo abordaje debería ser, por fuerza, nacional.
Así visto, nadie parece estar sacando los pies del tiesto, pero en realidad es una buena muestra de cómo tres agentes relevantes del sector (Sanidad Privada, Fadsp y Ministerio) defienden posiciones que no tienen mucho que ver con sus aparentes intereses.
