LA SANIDAD SEGÚN MONTORO

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Montoro manda, también en la sanidad. Dolors Montserrat y Jesús Acebillo flanquean. (Ministerio de Hacienda y Función Pública)

La omnipresente sombra de Cristóbal Montoro sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha hecho más visible en la última semana del año con la firma de dos acuerdos que muestran cómo es la sanidad que quiere el ministro de Hacienda: rigurosa y sostenible en lo económico y de colaboración público-privada en la gestión. Ningún ministro de Sanidad se atrevería siquiera a insinuar estas características para su modelo, generalmente laxo en las cuentas e indudablemente público en la provisión de servicios. Pero Montoro sí se atreve a plantear un sistema que deje de ser de una vez un pozo sin fondo o una barra libre para todo el que pida y que incorpore sin complejos a la sanidad privada para completar y potenciar la cobertura universal.

El primer acuerdo es la renovación del convenio entre el Gobierno central y Farmaindustria para garantizar el acceso de los ciudadanos a las innovaciones terapéuticas en condiciones de equidad y, a la vez, asegurar la sostenibilidad del SNS. El texto concilia la racionalización del gasto público desde la perspectiva de la eficiencia y el cumplimiento de los compromisos de la industria farmacéutica de dotar al sistema de los mejores y más avanzados recursos disponibles. En este sentido, la renovación responde al cumplimiento de tales objetivos y al clima de diálogo y colaboración que el Gobierno y Farmaindustria han venido manteniendo a lo largo de los últimos años.

En esencia, el acuerdo contribuye a crear confianza en las empresas del sector frente a las incertidumbres que pusieron en riesgo los pagos en el pasado. En este sentido, el convenio descansa sobre la política de pago a proveedores, con la que se sigue garantizando que las facturas sanitarias y farmacéuticas se van a abonar. Asimismo, contempla que si el crecimiento del gasto público en medicamentos originales supera el de la economía española, es decir, el PIB, la industria se compromete a realizar compensaciones monetarias. Constituye también una sólida garantía para que pacientes, profesionales y gestores puedan disponer de los tratamientos farmacológicos más novedosos y adecuados, reconoce el valor de la innovación, compromete a Administración e industria farmacéutica en una política más estructural frente a planteamientos coyunturales y muestra las posibilidades de una colaboración público-privada en la búsqueda de soluciones innovadoras.

El segundo acuerdo es la firma del concierto de asistencia sanitaria entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y las aseguradoras Asisa, SegurCaixa Adeslas, DKV e Igualatorio de Cantabria por valor de 2.191 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,62% (114 millones) con respecto al concierto anterior. Con una vigencia de dos años (2018 y 2019) para dar mayor estabilidad a las entidades privadas que lo suscriben, dará cobertura a un total de 1.477.320 beneficiarios a los que podrán sumarse unos 100.000 nuevos mutualistas como consecuencia de los procesos de estabilización de personal interino en todas las administraciones públicas.

Montoro está convencido de que el acuerdo con Farmaindustria “aporta solidez al sistema, fortaleza a las empresas del sector y ventajas sanitarias y asistenciales a las millones de personas que utilizan cada año la sanidad pública”. Repecto a Muface, cree que este modelo demuestra que es posible la colaboración público-privada en la sanidad española en términos de eficiencia, de gestión económica más seria y rigurosa y de satisfacción de los usuarios.

De momento, el ministro está obligando a que la industria farmacéutica crea más en la estabilidad que en el crecimiento incontrolado. Y en Muface, está construyendo un SNS diminuto que no deja de incorporar mejoras asistenciales y que tiene en la libertad de elección uno de sus puntos fuertes y claramente reconocibles. Si le dejaran mandar más de lo que manda, es posible que pudiéramos ver a Montoro acompasando las ganancias de otros proveedores del sistema y ajustando los presupuestos de los servicios autonómicos de salud hasta impedir las desviaciones. Hablaríamos entonces de una sanidad muy diferente a la que hoy conocemos.

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