Como el independentismo en Cataluña, la sanidad privada está logrando ensanchar su base social, y unir a su causa a nuevas organizaciones que, sin ser fundamentales en la consecución de sus objetivos, sí pueden contribuir a que sea un poco más posible lograrlos. Su empeño en ser considerada parte real (y no solamente formal) del Sistema Nacional de Salud sigue contando con el IDIS como su principal altavoz. Pero ya no es el único. Así se ha puesto de manifiesto en la presentación del Pacto en defensa de la sanidad privada española, elaborado por la Comisión de Sanidad de la CEOE, y que ha recibido algunas adhesiones lógicas y esperadas y otras no tanto.
Entre las primeras, aparecen la ASPE de Cristina Contel y de Carlos Rus, capaces de poner de acuerdo a las antiguas enemigas Federación y Confederación de Clínicas Privadas; Fenin, la patronal de las empresas de tecnología sanitaria, que comanda Margarita Alfonsel, que también tiene protagonismo orgánico en la CEOE, junto a Carlos González Bosch, y el Grupo Ribera Salud, seguramente la empresa que más se ha fajado en defender el modelo de colaboración público-privada, más allá de su propio interés estratégico, convirtiéndolo en un principio casi fundacional de su actividad.
Puede entenderse, por la similitud de cometidos, la presencia en el pacto de la nueva FEFE de Luis María de Palacio y de la Federación Empresarial de la Dependencia. Son dos patronales a las que, con toda lógica, les interesa arrimar el hombro para defender un sector que, de un modo u otro, también las agrupa. Pero, ¿cómo interpretar la presencia de dos fundaciones como Edad&Vida y Economía y Salud? ¿Y de una de las tres organizaciones que pretende agrupar a (todos) los pacientes? ¿Y de, en última instancia, toda una Organización Médica Colegial (OMC) que, no lo olvidemos, es una corporación de derecho público? ¿Qué tienen que ver estas organizaciones con la sanidad privada? Y, lo más importante: ¿por qué defienden sus reivindicaciones?
La Fundación Edad&Vida se dedica a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y está presidida por uno de los legendarios hombres fuertes de la industria farmacéutica: Eduardo Rodríguez Rovira. Entre sus promotores hay varios representantes natos de la sanidad privada como Caser, DKV, Eulen, Ilunion, QuirónSalud y SegurCaixa Adeslas, que seguramente han animado a la Fundación a suscribir el pacto. Por su parte, la Fundación Economía y Salud está presidida por Alberto Giménez Artés, un abogado alicantino con una larga trayectoria ligada a la dirección de centros sociosanitarios y actual presidente del grupo Casaverde, que se ha sabido rodear de algunos de los gerentes más relevantes de los últimos tiempos (Carlos Arenas, Carlos Mur, Miguel Ángel Máñez), partidarios todos ellos de explorar nuevas fórmulas de gestión, incluida claro está la colaboración público-privada.
Hasta aquí todo normal. Pero, ¿qué decir de la Alianza General de Pacientes? ¿Por qué una organización que aspira a promover la participación de los pacientes en la sanidad toma claro partido por la privada? ¿Tanto como para fomentar la contratación de pólizas de salud entre sus asociados? No parecería muy razonable. Los pacientes tienen muchos otros frentes abiertos en los que sí es preciso que hagan oír su voz con fuerza, especialmente en todo lo relacionado con la asistencia sanitaria de los servicios públicos de salud. Así lo habrán entendido las otras dos organizaciones nacionales que aspiran a representar al colectivo, el Foro y la Plataforma. En última instancia, para entender las motivaciones de la Alianza en suscribir el pacto por la privada habría que preguntar a su secretaría ejecutiva, Fundamed, y más concretamente a su promotor, Santiago de Quiroga, editor de El Global y de Gaceta Médica.
Y finalmente, la OMC. Ciertamente, su presencia en la firma pública del pacto no ha sido al más alto nivel. Ninguno de los seis cargos de la Comisión Permanente, incluido el presidente Serafín Romero, se han hecho la foto con la privada. La representación ha corrido a cargo del representante nacional de Medicina Privada por Cuenta Propia, Manuel Carmona. Es decir, de la complicada estructura de gobierno de los colegios de médicos, la sanidad privada solo ha merecido la atención de un mero vocal, muy por detrás en importancia de los miembros de la Permanente y de los 52 presidentes provinciales. Parece que hay un mensaje implícito, quizá del propio Romero, consistente en algo así como respaldar el intento por ganar espacio de la privada, pero sin ofrecer todo el apoyo institucional de la organización, que sigue siendo mucho.
En el pacto por la privada todavía hay ausencias significativas (¿Farmaindustria?) y otras que se harán esperar más indefinidamente: las administraciones sanitarias públicas. Independientemente del signo político, no parece que haya partido político con arrestos suficientes para suscribir un documento en favor de la privada, aunque coloquialmente sigan ofreciendo buenas palabras. Pero en los movimientos de las autoridades la mera formalidad sigue mandando más que el firme convencimiento.
