La Comunidad de Madrid ha cambiado su manera de gestionar las listas de espera, reordenando los datos para, a partir de ahora, esmerarse en una espectacular reducción de casos, nada menos que el 20 por ciento. Lo cuenta César Pascual, director general de Asistencia Sanitaria del Sermas, en Diario Médico y además explica los criterios gestores seguidos para abordar las demoras, que no se sabe si son los más eficaces, pero desde luego sí dan clara idea del criterio ideológico del que proceden.
Apuesta por el sistema público. Este es el gran principio ideológico que rige la gestión de las listas de espera en la Comunidad de Madrid. ¿Es el mejor? Pues está por ver porque con los datos reordenados, correspondientes a 2015 y a 2016, no baja la bolsa de pacientes en espera ni la demora estimada ni la espera media real. Eso sí, se ha reducido a la mínima expresión las derivaciones a la privada e incluso en la red pública se le ha dado prioridad a la derivación a centros de gestión directa. Todo con tal de afrontar la tarea con solo los medios propios al alcance del Sermas, cuanto más públicos mejor.
Esta obsesión por lo público que está mostrando la Comunidad de Madrid no es nueva y arranca prácticamente con la investidura de Cristina Cifuentes como presidenta. Buena conocedora y bien advertida de lo acaecido con el proyecto de externalización de seis hospitales, que encumbró a la marea blanca y defenestró al consejero Fernández-Lasquetty, Cifuentes ha tomado buena nota de las líneas rojas que debe tener su sanidad y así parece habérselo transmitido a su consejero Sánchez Martos. La sanidad, pública, y los experimentos, para otros.
Es un experimento, en el lenguaje de Cifuentes, intentar reducir la espera máxima a 30 días, una de las proclamas sanitarias más famosas del discurso de la expresidenta Esperanza Aguirre. Porque si para cumplir este difícil reto hay que recurrir a la privada, con el consiguiente recelo de parte de la ciudadanía en los procesos de derivación y la oportuna crítica política, pues mejor dejar el experimento en idea no cumplida.
Mejor ceñirse a la ley, parece sostener la presidenta madrileña, a esos 180 días que son un plazo mucho más laxo y posible de cumplir, presumiendo de hacerlo con la sanidad pública. Porque, ¿qué es más importante, reducir la lista de espera con todos los medios al alcance de la autoridad sanitaria, públicos, pero también privados, o lanzar el mensaje de que todo mi esfuerzo por gestionar mejor las demoras lo hago única y exclusivamente con medios públicos, que es lo que parece pedirme una mayoría social, aunque los resultados de mejora sean más discretos? Cifuentes tiene clara la respuesta, tan clara como en su día la tuvo Aguirre. Y cada una a su manera, aunque las dos pertenezcan (todavía) al PP.
Estas opciones exclusivamente políticas e ideologizadas hasta los tuétanos suelen pillar a los gestores en medio de la batalla, con un rictus de póker, intentando darle coherencia pública a la medida impuesta desde arriba. Y ahí tenemos a César Pascual, intentando reducir las esperas con solo los recursos públicos a su alcance y con el temor a que el regreso a las 35 horas de jornada laboral ordinaria se apruebe finalmente, provocando “una gran avería” en sus planes, que obviamente pasan por que los profesionales puedan seguir trabajando 37,5 horas a la semana.
¿Y de qué depende la aplicación de una u otra jornada? Pues seguramente de muchas cosas, menos de la que aquí importa: reducir las listas de espera.
