El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón es en realidad, a juicio de toda una consejera como Carmen Montón, un hospital chiringuito o un hospital cortijo, que no se sabe lo que es peor. Ocho siglos de historia, que es los que tiene el hospital, han sido reducidos de un plumazo, por el efecto de presuntas irregularidades en la gestión y la eterna batalla política en torno a la sanidad, al inefable estribillo de la famosa canción de Georgie Dann.
El centro se encuentra inmerso en una polémica imprevisible, a raíz de la denuncia remitida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana de un informe realizado por el anterior gerente, Rafael Arce, en el que denunciaba prácticas de dudosa legalidad por parte de sus antecesores: contratación sin existencia de expedientes, alquileres de incierta rentabilidad, obras no ejecutadas y pagadas, facturas irregulares que ascenderían a 25 millones de euros… Las informaciones publicadas en los últimos días por varios periódicos de la provincia son ciertamente esclarecedoras de la magnitud del posible escándalo.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, la consejera Montón se ha presentado ante la opinión pública como salvadora del hospital, para que no sea nunca más el chiringuito que aparentemente fue durante unos años en los que responsables del PP estuvieron a su cargo, en concreto entre 2006 y 2015. La primera de las medidas ha sido activar un órgano de control para fiscalizar cada uno de los contratos que se firmen a partir de ahora en el hospital, tarea encomendada al actual gerente, Joaquín Sanchís.
Se da la circunstancia de que al consorcio que gestiona el hospital también pertenece, además de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón, que sigue presidiendo el PP y que, como era de esperar, no comparte la visión de la consejera Montón. De hecho, su presidente, Javier Moliner, no acudió a la reunión del Consejo de Gobierno del hospital por entender que era un acto propagandístico, propio de la campaña para las elecciones generales del domingo, y anunció, a través del diputado Vicente Sales que se querellará contra la Consejería por difamación y denuncia falsa.
Por lo demás, el gerente Arce, que parece ser la mano que ha tirado de la manta, ha denunciado también las amenazas sufridas por haber informado de los hechos ahora investigados, que algunos medios terminan por vincular a la famosa trama Gürtel que sigue afectando, años después de descubierta, a la credibilidad pública del PP.
Con todo, el hospital mantiene una historia y una fórmula de gestión que le convierten en uno de los centros más peculiares de la Comunidad Valenciana. Creado casi a la par que la propia ciudad, no fue hasta 2004 cuando adquirió su actual configuración, en la que Generalitat y Diputación dirigen paritariamente la gestión del centro.
Cabe preguntarse por el futuro del hospital, cuando las dos instituciones políticas que lo comandan están directamente enfrentadas. Buena oportunidad para recordar, otra vez, que quizá el rifirrafe político no tendría aquí sentido alguno si el centro hubiera contado con la gestión profesional y profesionalizada que tantos y tantos directivos de salud de nuestro país no se cansan de reclamar. Sobre todo, en momentos preelectorales como este. De momento, en vano.
