El Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones cumple cinco años sin que su contenido haya contentado a partidarios ni a detractores de las reformas. Da la sensación de que el texto vino a cubrir una necesidad legislativa perentoria y que sirvió de respuesta a las exigencias financieras de la Unión Europea, en un momento límite para la economía española como no había vivido en mucho tiempo. Los cambios introducidos aún siguen siendo controvertidos y algunos otros, igual de necesarios, ni siquiera fueron enunciados. La reforma mantiene su vigencia, sí, pero está aún lejos de haber concluido.
No hay palanca más efectiva para desplazar la voluntad política más inmovilista que el dinero o, más concretamente, la falta de dinero. En los primeros meses de 2012, recién iniciada una legislatura de mayoría absoluta en mitad de la peor crisis económica que se recuerda, el Gobierno de Rajoy hubo de hacer frente a un recorte inmediato e innegociable de 7.000 millones de euros. No bastaba con lo realizado hasta ese momento, tocando capítulo I para bajar el sueldo a los profesionales, o reduciendo aún más los precios de los medicamentos. Era necesario aprobar medidas más traumáticas que se tradujeran inmediatamente en ahorros contantes y sonantes. Sin reflexiones ni consensos. Con la cara amable de la ministra Ana Mato. Acudiendo al decreto ley y aprovechando la autoridad indiscutible del BOE.
Un nuevo copago farmacéutico y, sobre todo, una redefinición del concepto de asegurado son los principales puntales de una reforma desalmada e injusta para unos y tibia e insuficiente para otros. En esta ocasión, el punto intermedio, que siempre parece el más razonable, no lo es si nos atenemos al discurso conformista e irreal del PP, que a duras penas aún defiende la vigencia del texto. Sigue hablando de sistema universal, cuando ahora claramente no lo es (antes tampoco, pero al menos lo parecía). Cree que la reforma nos ha dejado un modelo sanitario más sostenible, equitativo, justo y de calidad, justo las cuatro características que están siendo puestas más en duda en los últimos años. Y quizá en lo que más razón tiene es en la generación de ahorros que, sin embargo, en muchos ámbitos se siguen entendiendo como ajustes, recortes o directamente como una suerte de descapitalización del sistema.
La reforma también intentó introducir más copago en el transporte sanitario no urgente y en los fármacos hospitalarios, revisó la cartera de servicios, impulsó el cambio de régimen laboral de los médicos de cupo y zona y trató de poner en marcha una gran central de compras para todo el SNS. Pero la suerte que corrieron estos proyectos fue desigual y se encontraron con una resistencia muy notable, en forma de recursos, que consolidó la impresión generalizada de que la sanidad ha estado gobernada en los últimos años más por el poder judicial que por el ejecutivo.
De entre sus ausencias y silencios, cabe destacar aquí la gestión de los centros sanitarios públicos, especialmente los hospitales. Este real decreto fue otra ocasión perdida para introducir algo de flexibilidad en la gestión clásica (y cada vez más envejecida e inservible), apostando por nuevos modelos que permitan ganar en eficiencia y arrojen mejores resultados en salud. Y fue en verdad la constatación de que la agenda política no contempla en absoluto la posibilidad de impulsar una reforma en cómo se administran y dirigen los hospitales. Al contrario, es un asunto que más vale no tocar y, si se hace, es para reafirmar la validez de unos principios que pueden tener una formidable legitimidad social, pero que no responden a la obligada actualización y mejora que cualquier disciplina humana debería acometer (más aún si está sufragada con fondos públicos).
Es cierto que ahora estamos más lejos que nunca de emprender y concluir la reforma de la sanidad que pidieron hace ya más de 25 años los padres del Informe Abril, pero esa distancia no conseguirá borrar la evidencia cada vez más palpable de que el sistema no podrá seguir adelante tal y como se concibió en su origen.
