Dos cifras redondas e impactantes han vuelto a sacudir en los últimos días al Sistema Nacional de Salud, situándole frente al espejo de una infrafinanciación que se remonta a tiempo inmemorial. Y es que los fondos destinados a la sanidad nunca parecen suficientes y la frustración por no cubrir una demanda constante y, lo que es peor, creciente es una sensación que alcanza a todos los rincones del sector, desde políticos a profesionales.
La primera cantidad la ha contabilizado la Organización Médica Colegial (OMC) en la presentación de la segunda parte de su estudio sobre la atención primaria, a partir de un sondeo realizado entre 4.450 médicos del primer nivel asistencial. La presión y la saturación asistenciales que afrontan es el argumento que sustenta la petición de la corporación al próximo Gobierno: 50 millones de euros.
¿Y para qué serían esos 50 millones? Primero, serían una solución provisional y urgente, es decir, que la OMC asume que la primaria necesita más, mucho más que esa cifra para alcanzar niveles de financiación óptimos. Y segundo, la petición es un tanto sorprendente, porque se eleva al Gobierno central, que no tiene la competencia de la atención primaria. ¿Entonces? Dada la situación de extraordinaria precariedad, debería ser el Ministerio de Sanidad, a través del siempre depauperado Consejo Interterritorial, el que pusiera encima de la mesa el dinero y lo canalizara hacia los servicios autonómicos de salud.
Con esos 50 millones se podrían contratar 1.000 médicos de primaria. Algo sería algo, pero todavía insuficiente. La cifra definitiva debería ser mucho mayor y ni siquiera la OMC o el Foro de Atención Primaria se atreven a fijarla. Porque puede que aunque se pudiera concretar, e incluso disponer, siguiera sin ser bastante.
¿Qué tal 15.000 millones de euros? No solo para la primaria sino para todo el SNS. ¿Sería suficiente? Esta cifra la ha ofrecido el periódico Expansión, al analizar los grandes retos de la economía española ante las elecciones generales del 26 de junio, y recoge el déficit estructural del sistema, que no sería definitivo y estaría creciendo mes tras mes. El ajuste realizado durante los años de crisis le ha restado un punto porcentual al gasto sanitario sobre el PIB, cuando ya había una coincidencia generalizada en que España no gastaba lo suficiente. La situación no ha hecho sino empeorar.
Pero, en realidad, no es nueva. La infrafinanciación del SNS es una de sus características más clásicas y que seguramente mejor sirven para definirlo. Los presupuestos de los servicios autonómicos de salud han venido siendo un documento demasiado maleable e imposible de cumplir. Se presupuestaba, sí, pero igual que se seguía gastando una vez consumida la partida destinada inicialmente. Y luego ya se las compondría la Consejería de Hacienda de turno.
La infrafinanciación es más resultado de la propia inercia de un sistema universal y gratuito, que debe afrontar una demanda siempre creciente, que la consecuencia de una decisión política de calado, que haya modificado sustancialmente la accesibilidad o el aseguramiento. No fue tal, aunque lo parezca, el Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS. Y es verdad que la norma introdujo ajustes y recortes nunca vistos antes, pero también lo es que la dificultad económica de la sanidad solo fue un resultado adicional de la crisis económica del país.
Antes de 2007, el SNS ya estaba infrafinanciado porque gastaba más, mucho más de lo presupuestado. La crisis obligó a tomar medidas drásticas que, transcurridos unos años, parecen haberse quedado a medio camino. Y la falta de recursos persiste porque lo que aún no hemos afrontado como país es si podemos permitirnos la sanidad a la que aspiramos. Con todas las consecuencias. Y, obviamente, con todos los recursos. Si es que los tenemos.
