El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sigue sin adquirir esas competencias necesarias que le hagan ser algo más que un órgano político en el que se opina mucho, pero se decide poco. El último Pleno tampoco ha servido para aprobar el esperado nuevo reglamento que posibilitara un ideal en torno al que parece haber un amplio acuerdo. Y es que pesan más las razones políticas que los argumentos técnicos. La Comisión Delegada avanza en la definición de un marco diferente, más vinculante para todos, pero la ministra y los consejeros no terminan de culminar la tarea con un acuerdo que, necesariamente y por encima de cualquier otra característica, habría de ser generoso. Pero las competencias son una cosa muy seria que algunos no parecen querer compartir, ni ceder, por nada del mundo.
Algunas de esas competencias tienen ya muchos años, tantos como más de treinta. Demasiados como para no convertirlas en un patrimonio poco menos que intocable. Más intocable cuanto más difiera el color político de la comunidad autónoma respecto al del Gobierno central. En este caso, ya no solo se trata de ceder poder político a un nuevo órgano jurídico, sino de cederlo a un adversario político. En la situación actual, son los nacionalistas y el PSOE los que no quieren saber nada de un cambio impulsado por un Gobierno del PP. Es muy posible que en caso contrario, socialistas y populares adoptarían posiciones muy similares a las presentes, solo que con los papeles cambiados. Y de Interterritorial decisorio, nada de nada.
Cuenta El Global que hay tres aspectos que dificultan el acuerdo: la naturaleza jurídica que tendría el nuevo Interterritorial, la definición de los tipos de acuerdo y el alcance de dar paso a una conferencia sectorial, como ocurre en otros sectores de actividad administrativa. En general, las autonomías más críticas -con Cataluña intervenida, hablamos de País Vasco, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura- sostienen que el texto del reglamento no está maduro, pero en verdad el argumento suena más a excusa. La realidad apunta a que son administraciones que prefieren no ceder parte de su capacidad decisoria para que el adversario político no saque ventaja alguna.
Entretanto, el Ministerio de Sanidad, aparentemente beneficiado si la nueva situación saliera adelante, prefiere seguir dando margen al acuerdo y no tomando medidas más drásticas. Intenta ganar tiempo, aunque es improbable que sus intenciones terminen haciéndose realidad; por lo menos, en esta legislatura. Necesitaría disponer de mayor simpatía entre los gobiernos autonómicos, para que terminaran por asumir sus principios. Incluso así sería complicado convencer a todas las comunidades, lo que demuestra que las competencias son un asunto realmente envenenado, que ni el signo político permite suavizar. Eso de que decidan por uno, aunque sea del mismo partido, no convence.
Así las cosas, el Interterritorial seguirá sirviendo más para medir la fuerza de la oposición que para comprobar la capacidad del Gobierno para marcar una política sanitaria común; acogerá más polémicas que consensos, y será, en fin, el fiel reflejo de que la sanidad transferida puede haber sido una gran idea para acercar los servicios a los ciudadanos, pero ha sido una mala noticia para conformar un auténtico sistema sanitario, en el que la cohesión y la equidad sean sus dos principales características. Todavía es posible cambiar esta situación, pero no habrá más remedio que tocar las, hoy por hoy, intocables competencias de las crecidas comunidades autonómas.
