La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tiene clara su prioridad de Gobierno: “Recuperar los derechos sanitarios y sociales arrebatados y rescatar personas que fueron expulsadas del sistema en los últimos años”, según ha proclamado en el Congreso de los Diputados. En efecto, días después, ya se han empezado a conocer los detalles del texto normativo que pondrá fin a una de las decisiones más controvertidas del Gobierno del PP.
En las próximas semanas se aprobará la modificación del decreto para recuperar la universalidad en la asistencia sanitaria, una medida de la que se beneficiarán unas 280.000 personas. Montón ha presentado la decisión como el resultado de sus conversaciones con las comunidades autónomas, agentes sociales y entidades civiles, así como con el Defensor del Pueblo. Estaríamos, por tanto, ante una decisión de amplio consenso político, social y profesional. “La atención universal es un beneficio para la salud individual y colectiva, es económicamente más eficiente y es propio de una sociedad decente”, sostiene la ministra.
Según ha informado Emilio de Benito en El País, una vez se apruebe la nueva norma, habrá atención sanitaria para los migrantes desde el primer minuto, sin necesidad de empadronamiento y con los medicamentos subvencionados. El texto del decreto ley para recuperar la sanidad universal no solo desvincula la sanidad pública de la necesidad de ser el titular de una tarjeta sanitaria, sino que ni siquiera pone como requisito el empadronamiento. Las comunidades establecerán qué documentación se exige.
La tramitación de la norma será urgente, a través de un real decreto ley exprés, según cuenta ABC. Este procedimiento ha causado un profundo malestar en las comunidades gobernadas por el PP, que llegan a hablar de una normativa presentada “a traición”. El punto fundamental de su crítica es que este mecanismo, que solo se utiliza para situaciones de urgencia y de extrema necesidad, puede liberar al Ejecutivo de presentar una memoria económica y otra de impacto normativo.
Con todo, el Gobierno parece decidido a tomar la medida con la que, en realidad, haría posible una de sus principales reivindicaciones que ha venido sosteniendo desde la oposición. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que universalizar la sanidad no implicará costes adicionales para las comunidades autónomas. Y si esto ocurre, el Gobierno está comprometido a respetar la lealtad institucional, por lo que se compensará en el caso de que sí suponga un gasto extra.
Tras su repentina salida del Gobierno, el PP no ha tenido tiempo para evaluar el impacto de su polémica medida restrictiva. Sería interesante que el nuevo Gobierno socialista pudiera informar sobre el coste incurrido y el gasto evitado por una decisión que, pese al consenso social y profesional que genera, aún muestra algunas dudas en su repercusión económica.
