SEGURIDAD JURÍDICA PARA LA GESTIÓN CLÍNICA

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López Iglesias y Sáez Aguado, autoridades sanitarias en Castilla y León. (Redacción Médica)

Nueva demostración de fuerza de la justicia en el rumbo de la gestión sanitaria. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado las 15 unidades de gestión clínica creadas por la Consejería de Sanidad de la Junta. En su fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso interpuesto por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, que alegaba que se había vulnerado el derecho a la libertad sindical porque no hubo negociación en la mesa sectorial correspondiente. En esta línea, el fallo señala que “al no facilitarse a los sindicatos los proyectos de gestión clínica, no se ha podido llevar a cabo una verdadera negociación, porque los sindicatos desconocían aspectos esenciales de lo que constituía el objeto de debate”.

Aunque en primera instancia, la Consejería ha aclarado que las unidades de gestión clínica se pueden constituir porque el Decreto 57/2014, de 4 de diciembre, por el que se regula su constitución y funcionamiento ha sido avalado en tres ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, posteriormente se ha podido apreciar la contrariedad de la Administración autonómica con el fallo. El director gerente de Sacyl, Rafael López Iglesias, se siente contrariado, según ha reconocido en la inauguración de un foro sobre gestión organizado por Sedisa y ANDE en Salamanca. “Es un jarro de agua fría”, ha declarado, según cuenta El Norte de Castilla. Más tranquilo se ha mostrado el consejero, Antonio Sáez Aguado, que ha asegurado que el fallo no va a tener ningún tipo de repercusión en los pacientes.

El servicio de salud de Castilla y León tiene ahora dos posibilidades que les proporciona la propia sentencia. Por un lado, un recurso de casación ante el Supremo, y por otro, anular la orden, tal y como ha hecho el Tribunal, y hacer una nueva, incrementando o ampliando la memoria económica y también dando más participación e información a los sindicatos.

Entretanto, algunos de los responsables de estas unidades las defienden, pero coinciden en reclamar a la Consejería mayor seguridad jurídica, que redacte conforme a la legalidad sus órdenes para que no las suspendan los tribunales. “Estuvimos casi dos años y medio como experiencia piloto, luego otro año y medio sin ella y ahora de nuevo otro año. Es desilusionante que, por segunda vez, nos la anulen y, desde luego, no cuestiono que el TSJ haya dictado de forma adecuada su sentencia, pero las autoridades sanitarias deberían garantizar estas cuestiones”, expone Alberto San Román, director de la unidad de Cardiología del Clínico de Valladolid.

Otros líderes de las unidades sostienen que “los pacientes no notan el cambio” y que “los resultados están siendo buenos, no hemos gastado en este año ni más ni menos, ha sido sobre todo una toma de contacto y hemos podido ver dónde se puede ahorrar sin menoscabo de la atención; pero la intención nunca ha sido la de ahorrar”. La sanidad pública no debe estar reñida con una buena gestión, insisten, y confían en que la Consejería recurra la sentencia porque la gestión clínica “ha mejorado muchas cosas. Nosotros ya teníamos la confianza de los directivos, de hecho, ya funcionábamos en realidad con cierta autogestión”.

Pese a todo, la Justicia vuelve otra vez a interponerse en las decisiones de gestión de las autoridades sanitarias, que comprueban con preocupación e impotencia cómo aspectos colaterales terminan impidiendo cambios importantes en la organización de los centros asistenciales.

 

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