La presentación del estudio La práctica médica en los servicios de Urgencias hospitalarios ha servido como llamada de atención sobre los efectos negativos de la medicina defensiva y la necesidad de tomar más en serio las políticas de seguridad del paciente. “Porque, a veces, prevenir puede ser peor”, ha afirmado uno de los autores del estudio, Andreu Segura, realizado gracias a la Organización Médica Colegial (OMC) y las sociedades españolas de Urgencias y Emergencias (Semes) y de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).
Si la prevención implica la sucesión infinita de pruebas diagnósticas e incluso de tratamientos farmacológicos en busca de evitar a toda costa enfermedades que puede que ni existan todavía, la realidad es que no se está realizando lo correcto, según los expertos. “La medicina defensiva no tiene como propósito el beneficio del paciente y esto moralmente no es aceptable”, sostiene Segura. “Las pruebas y los tratamientos no son inocuos, pueden prolongar las estancias hospitalarias y convertirse en un factor de riesgo de la iatrogenia”.
Nada menos que un 90% de los encuestados, médicos de urgencias, considera que la medicina defensiva ha condicionado su práctica asistencial. Ante esta situación, Serafín Romero, presidente de la OMC, pide un plan de actuación específico que fomente la seguridad del paciente, teniendo en cuenta la necesidad de contar con un baremo de daños sanitarios, el apoyo a los médicos implicados en efectos adversos y la promoción de la educación para la salud de los ciudadanos.
La Sespas entiende que la iatrogenia se ha convertido en un problema de salud pública: “Es más, mucho más que el daño clínico”, ha dicho su presidenta saliente, Beatriz González. “La medicina defensiva es la respuesta a la presión de una sociedad medicalizada, que entiende que más es siempre mejor, y esto no es así”.
La Semes, a través de su presidente de honor, Tomás Toranzo, ha reivindicado más formación y dotación para las plantillas de los servicios de urgencia, y ha vuelto a exigir la creación de la especialidad médica. “Lo tuvimos cerca, pero no lo conseguimos”, ha reconocido el urgenciólogo Sebastián Martínez, también presidente del Colegio de Médicos de Zamora.
Otras de las conclusiones del estudio apuntan que la posibilidad de ser demandado condiciona el ejercicio profesional. Un 60% de los encuestados afirma prescribir pruebas diagnósticas de las que podrían prescindir, solo por evitar un posible problema legal, y considera que, aunque ellos no lo hacen directamente, sí aprecian una prolongación innecesaria de las estancias hospitalarias.
