La creación de una agencia estatal de Salud Pública, cuyo anteproyecto de ley ha sido aprobado en Consejo de Ministros, supone el regreso de una materia gestionada por las comunidades autónomas al ámbito de la gestión del Gobierno de España. Y esta es la gran incógnita del nuevo centro: si le será posible ser operativo y útil en una salud pública en la que las comunidades autónomas tendrán mucho que seguir diciendo.
La pandemia del covid-19 ha sido el gran acelerador de un proyecto que ya se encontraba en la Ley de Salud Pública de 2011: un centro estatal, adscrito al Ministerio de Sanidad, para funciones de asesoramiento técnico, evaluación de políticas y estrategias de salud pública y coordinación de otros centros. Y su principal misión, de clara actualidad: hacer frente a las futuras emergencias sanitarias similares a la desatada por la aparición del SARS-CoV-2.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para canalizar los fondos de la Unión Europea que permitan aliviar las consecuencias de la pandemia también contempla la creación de la nueva Agencia, así como la reforma integral del sistema de salud pública actual mediante el paso de una visión segmentada de esta disciplina a otra integrada, tanto funcional como institucionalmente.
El Gobierno también promete mejoras en la Red de Vigilancia de la Salud Pública así como en los mecanismos de cooperación entre servicios asistenciales. La nueva Agencia también estará llamada a representar a España en la respuesta igualmente integrada que habrá de articular la Unión Europea ante futuras pandemias.
La ubicación del futuro centro también está por concretar y son varias las comunidades autónomas y las ciudades que han propuesto ser sede oficial, modificando a la vez la tendencia tradicional de situar en Madrid, como capital del Estado, estos centros administrativos cuyo alcance llega a todo el territorio.
