Se avecina una nueva ley para la Sanidad y esto, en un sector tan necesitado de reformas y cambios que mejoren lo presente y abran opciones reales de mejora, es siempre una noticia esperada y a la vez discutida. De momento, tenemos un anteproyecto de ley, obra del Gobierno central claro está, y de nombre un tanto extenso: por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El legislador parece haber elegido conceptos muy consolidados en el lenguaje específicamente sanitario y, sobre todo, que generan amplios consensos: pocos son los críticos de un SNS cuyas prestaciones sean igual en todo el territorio, es decir, en todos y cada uno de los servicios de salud competentes; que sea universal en el amplio sentido de la palabra y que esté suficientemente cohesionado. Con todo, en cuanto se han conocido algunos contenidos del anteproyecto, han aparecido las primeras críticas y consideraciones no precisamente positivas.
El texto tiene otra importante motivación, que casi se expone como su mismo origen. Cumplir con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es la estrategia del Gobierno central para canalizar los fondos destinados por la UE para reparar los daños ocasionados por la crisis de la covid-19. Es precisamente la pandemia, aún en curso como se precisa al principio del texto legislativo, la que ha puesto de manifiesto algunas debilidades del SNS y la que justifica la aprobación de este anteproyecto que, por lo demás, es breve y directo: solo contiene cinco artículos.
Los justos y precisos para modificar leyes tan importantes como la General de Sanidad, de 1986, en lo referente a la gestión de los centros del SNS. El Gobierno plantea aquí que la opción preferente sea la fórmula de gestión directa y de carácter público. Y para ello deroga en el mismo texto la Ley 15/1997 sobre fórmulas de nueva gestión. Además, intenta blindar los derechos de los ciudadanos para evitar posibles copagos que pudieran plantearse en un futuro.
En la presentación del anteproyecto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que la pandemia “nos ha dejado varias lecciones como la puesta en valor de lo público y la importancia de los Estados para dar respuestas globales a problemas de estas características”. Crisis como las originadas por la covid-19 muestran “la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de salud, y esta Ley lo hace a través de sus tres vectores fundamentales: la cohesión, la equidad y la universalidad”.
